Voces: CAUSAL SUBJETIVA DE DIVORCIO ~ CONCEPTO DE INJURIA GRAVE ~ DIVORCIO VINCULAR ~ DIVORCIO VINCULAR ~ INJURIA GRAVE ~ INJURIA GRAVE ~ VIOLENCIA ~ VIOLENCIA MORAL
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G(CNCiv)(SalaG)
Fecha: 28/06/2010
Partes: M., A. M. c. C., E. L.
Publicado en: LA LEY 15/07/2010, 15/07/2010, 6
Cita Online: AR/JUR/28484/2010
Hechos:
La sentencia de grado decretó el divorcio de las partes por culpa exclusiva del marido, al tenerlo incurso en la causal de injurias graves. Apeló éste. La Cámara confirma el fallo recurrido.
Sumarios:
1. Corresponde decretar el divorcio de las partes por culpa exclusiva del marido, por la causal de injurias graves, si quedó acreditado que éste mantuvo una situación de maltrato hacia su esposa que, si bien no llegó a la violencia física, implicó una presura psicológica, consistente en una desmesura en los celos que atentó contra la consideración, confianza y decoro que es menester tener en las relaciones matrimoniales.
2. La causal de injurias graves comprende todo hecho o expresión, verbal, escrita o gestual que importe una afrenta para el otro cónyuge y le hiera en sus susceptibilidades, y su gravedad debe apreciarse teniendo en cuanta la educación, posición social y entereza de los esposos.
Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, junio 28 de 2010.
¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor Bellucci dijo:
I.- La sentencia dictada a fs. 273/77 vta., por entender acreditadas las injurias graves del marido propinadas a su consorte, rechazó la reconvención de aquél y admitió la “ reconventio reconventionis” formulada por ésta, decretando el divorcio de los esposos “ M.-C.” por culpa exclusiva de este último, con costas a su cargo.
Estableció la disolución de la sociedad conyugal habida entre ambos, y reguló honorarios en favor de los Sres. profesionales que dieron asistencia en la lid.
Fijó el plazo en que aquéllos les debían ser honrados.
II.- Rezonga el demandado reconviniente porque argumenta que el Sr. juez de mérito soslayó el resultado de la experticia psicológica realizada a la accionante, de la que se desprende la existencia de una neurosis mixta, mientras que a su respecto, esa prueba concluyó que el desconforme no presentó rasgos psicopatológicos. No se atendió al admitido abandono del hogar por parte de su esposa dejándolo solo con los hijos, ni se tuvieron en cuenta las pruebas testificales que, concluye, meritadas en forma amplia, dan sustento a la demostración de las injurias que le enrostrara a su consorte (“ vide” pieza de fs. 319/21 que trasladada a fs. 321 vta., mereció repulsa de su comblueza, a fs. 322/23 vta.).
El Sr. Fiscal General ante este colegiado opinó de modo concurrente con el fallo (ver su dictamen que corre a fs. 326/28 vta.).
III.- Daré respuesta a los dardos críticos lanzados contra el “ dictum” .
Contrariamente a lo sostenido en el soflama recursivo, cabe advertir que el distinguido magistrado de grado no soslayó el peritaje rendido a fs. 237/39; muy por el contrario, lo sopesó y adquirió certeza moral a propósito que él no daba sostén al hecho en que fundó la causal subjetiva el apelante.- En otros términos, su ausencia de psicopatía no le resta puntos a su confesada “ celopatía” (... reconozco que fui muy absorbente con el tema de los celos, muy celoso... text. de fs. 238) (arts. 386, 477 y cc. del rito).
Tengo para mí que tal desmesura en los celos -según confesó al experto el recurrente- constituyó en la pareja una unión fragmentaria que se sostuvo en un equilibrio precario, de no reciprocidad y no entendimiento que se dio no sólo en los últimos años, sino que persistió con la cualificación de habitualidad.
Estos elementos anómalos de la pareja en cuestión, fueron sobrellevados durante años, y tal situación, redundó en la sintomatología de ansiedad y depresión que advirtió el perito en la persona y psique de la esposa.
Pero debo manifestar que ante tal cuadro, y lo que se desprende del análisis de conjunto que hago de las testificales rendidas a fs. 83 (Caccia), Mansilla (fs. 85/vta.); Palomino (fs. 87 vta.); Galván (fs. 89); Schapochnik (fs. 93 repregunta 4), Rojas (fs. 96, respuesta a la segunda pregunta), esa “ celopatía” referida bien pudo causar en la esposa esa neurosis mixta (ansiedad y depresión). Al menos, no hay prueba alguna que desmerezca tal afirmado (arts. 163, 386, 477, 456 y cc. de la ley de forma).
Dedúcese de lo afirmado sobre el plexo probatorio bajo lupa de análisis, que sin llegar a la violencia física, existió otra forma de ella consistente en la presura psicológica que resulta más imperceptible, pero no por ello, no demostrada en este retazo de verdad ya histórica.
Tal como lo decidió la sala en el precedente registrado como fallo nº 113.067, en el ejemplar de LA LEY del 17 de diciembre de 2007, págs. 10/11, con data del 14 de julio de 2007, el maltrato psicológico no sólo se da cuando se desmerecen los logros de la esposa, antes bien, como aquí quedó demostrado, se la controla con celos enfermizos o habituales que la degradan y le provocan una suerte de “ maltrato psicológico” .
Ello atenta contra la consideración, confianza y el decoro que es menester tener en las relaciones del matrimonio. Y el quejoso no ha desmentido esa particular personalidad celosa hacia su esposa, sin que medie aseveración alguna de infidelidad, y sin que exista prueba alguna acerca de que aquélla diera lugar a tal rasgo negativo de la personalidad del esposo, generalmente producto de la propia inseguridad de sí mismo.
He sostenido antes de ahora (conf. mi voto en libre nº 375.552, fechado el 20 de junio de 2006), que la causal de injurias ha pasado a tener un contenido que podríamos denominar “ residual” ; es decir, continente de todo incumplimiento de los deberes matrimoniales que pueda calificarse de grave, pero que no encuadre en ninguna de las restantes causales que enumera el artículo 202 del Código Civil.
Dicho con mayor rigurosidad, comprende todo hecho o expresión, verbal, escrita o gestual que importa una afrenta para el otro cónyuge y le hieran en sus susceptibilidades. Su gravedad ha de apreciarse teniendo en cuenta -como lo ha hecho el justo Juez de mérito- la educación, posición social y la entereza de los esposos, de tal suerte que -como en la especie- la conducta reiterada de celar sin motivo, por su entidad y cronicidad, evidenciaron la imposibilidad de la continuidad de la vida en común. Tal, lo que en substancia adocenó el experto a fs. 238 vta./239.
Desde otro ángulo que ofrecen las “ cuitas” espetadas, no mucho cacumen hace falta tener para darse cuenta que en la situación de permanente celosía, la dejación del hogar por parte de la esposa sólo comportó el primer elemento constitutivo de la imputación que le hiciera su marido, pero en modo alguno, la segunda: es decir la intención deliberada de desatender sus deberes conyugales; antes bien, preservarse en su salud psíquica ya bastante deteriorada.
En tal sentido, debo recordar que contrariamente a lo que sostiene el apelante en su exhortación revisora, al cónyuge que funda su pretensión en el abandono del otro le incumbe probar el hecho material del alejamiento, y gravita sobre la esposa que se retiró la alegación y prueba de las razones que legitimaron su decisión. Así, la permanente “ custodia e inquisición” configurativa de la “ celopatía” , que quedó acreditada suficientemente con las testificales avaladas por la pericial del “ métier” que valoré, y la incidencia menosacabante agravada que ello implicó en la actora, es razón suficiente que enerva la existencia de la mentada causal (esta sala en LA LEY, 1998-B, 129, fallo nº 96.778; ídem en LA LEY, 1998-C, 723, entre tantísimos otros concordantes).
A la par que la testifical meritada “ supra” , la evaluación psicológica a la actora (fs. 174) adocena que su discurso es emocional, verosímil y no simulado, lo que permite dar crédito a los hechos apuntados al contestar la contrademanda y demandar a su vez.
El agravio vertido a fs. 321 acápite 4., frente a las evaluaciones y consideraciones que preceden, en cotejo con el bien fundado epiquerema de grado, aparecen decididamente acidiosas, y como tales, inanes a los fines pretendidos.
En concordancia con la fundada opinión del Ministerio Fiscal de alzada, voto convencido y complacido por la afirmativa como respuesta al interrogante copete de este cónclave.
Invito a confirmar el correcto y justo silogismo de grado, respecto del cual las saetas críticas lanzadas en su contra no encuentran hendija alguna por donde penetrarlo.
Propugno imponerle costas en esta instancia al recurrente devinto en su intentona revisora (arts. 68 y cc. de la ley de forma).
Tal es mi concreta ponencia.
Los doctores Carlos A. Carranza Casares y Beatriz A. Areán votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por el Doctor Bellucci.
Y Vistos: Por lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, de consuno con la fundada opinión del Sr. Fiscal General, Se Resuelve: I.- Confirmar la sentencia de mérito en todo cuanto decidió y ha sido motivo de no atendidas quejas, con costas de alzada a cargo del apelante. II.- En atención a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, etapas cumplidas y resultado obtenido y lo que disponen los arts. 6º, 7º, 14, 19, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432, se elevan los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. P. O. B. a la suma de pesos seis mil ($ 6.000) y se confirman, por haber sido recurridos sólo por “ altos” , los del letrado apoderado de la parte demandada Dr. A. S. Por los trabajos de alzada se fija la retribución del DR. P. O. B. en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500) y los del Dr. A. S. en la suma de pesos ochocientos ($ 800). En atención a la calidad, naturaleza y mérito de la labor pericial desarrollada en autos; a lo normado por los arts. 10, 13 y conc. de la ley 24.432 y a la adecuada proporción que deben guardar las retribuciones de los expertos con las de los letrados intervinientes (ED., 6-614; ED. 94-632; entre otros) se confirman por ajustados a derecho los emolumentos regulados al perito médico N. G. III.- Se deja constancia que la presente sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el artículo 164, segundo párrafo del Código Procesal. Notifíquese, y al Ministerio Fiscal en su Público Despacho. — Carlos Alfredo Bellucci. — Carlos A. Carranza Casares. — Beatriz A. Areán.
EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS RESUELVE QUE NO ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS IMPEDIR LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
Por: Graciela Medina
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Los hechos del caso. 3. Los fundamentos de los apelantes. 4. La Interpretación de la Corte de Derechos Humanos de Europa del derecho de “todo hombre y mujer a contraer matrimonio”. 5. Inaplicabilidad al matrimonio homosexual del precedente “Goodwin” que permite a los transexuales el derecho a casarse. 6. Reconocimiento de la familia homosexual. 7. Conclusiones
1. Introducción
El 24 de Junio del 2010 la Corte de Derechos Humanos de Europa resolvió en el caso “SCHALK AND KOPF vs. AUSTRIA que los Estados que impiden el matrimonio homosexual no violan ningún derecho humano reconocido en los Tratados de Derechos Humanos.
El fallo resulta trascendente, por la jerarquía del órgano que lo dicta, ya que nadie puede discutir que no existe en el mundo otro tribunal más importante ni experimentado en materia de derechos humanos que la Corte de Derechos Humanos de Europa .
Por otra parte, es destacable la posición de respeto hacia los homosexuales que siempre ha adoptado la Corte de Luxemburgo, que se ve reflejada en múltiples precedentes en los que ha reconocido el derecho de los gays a no ser discriminados por su orientación sexual y ha condenado a los Estados parte por la vulneración de este principio .
Desde otro ángulo, cabe resaltar que el conocimiento de este precedente, en este momento, es de una significativa importancia para la Comunidad Jurídica Argentina, porque en la Cámara de Senadores de la Nación Argentina está en discusión una ley de “matrimonio homosexual”, al mismo tiempo que la Corte Suprema de Justicia tiene para resolver dos casos sobre la inconstitucionalidad de la ley que impide a las personas del mismo sexo el derecho a casarse.
Tanto en el Congreso de la Nación como en la Corte, el argumento que mas se repite para avalar el matrimonio entre personas de igual sexo es que su negativa viola derechos humanos básicos, reconocidos por los pactos de derechos humanos, entre ellos el derecho a casarse y el de la no discriminación. Fundamentos ambos que el Tribunal de Estrasburgo ha rechazado de plano, como también lo ha hecho hace dos meses la Corte Constitucional Italiana, al igual que lo hiciera con anterioridad la Corte Austriaca.
Por otra parte, la similitud de la situación jurídica de las parejas homosexuales en Austria al tiempo del planteo de la cuestión, con la que gozan en nuestro país, y la semejanza de los pactos de derechos humanos a los que ambos Estados adhieren, hace substancialmente significativo el conocimiento del caso resuelto el 24 de Junio del 2010, en el cual la prestigiosa Corte de Estrasburgo resuelve que Austria no viola los pactos de derechos humanos por impedir el casamiento de los homosexuales.
2. Los hechos del caso
Los señores Horst Michael Schalk y Johan Franz Kopf, nacidos en 1962 y 1960 respectivamente, el 10 de Septiembre de 2002 se presentaron ante el Registro Civil de la Municipalidad de Viena e iniciaron los trámites para contraer matrimonio.
El 20 de Diciembre de 2002, la Oficina Municipal de Viena, negó el derecho de los peticionantes señalando que según el Código Civil austriaco, el matrimonio solo podía ser celebrado entre personas de sexo opuesto. Agregó que la jurisprudencia constante establecía que un matrimonio entre personas de igual sexo, era nulo y sin efecto. Finalmente resolvió que como los demandantes eran dos hombres, carecían de capacidad para contraer matrimonio.
Schalk y Kopf interpusieron un recurso frente al gobernador regional de Viena, que fue rechazado el 11 de Abril de 2003, quien señaló que el artículo 12 del Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y las libertades fundamentales, concede el derecho a contraer matrimonio solo a las personas de sexo diferente.
La pareja, recurrió a la Corte Constitucional, sosteniendo que la imposibilidad jurídica de contraer matrimonio les violaba su derecho al respeto de la vida privada y familiar y al principio de la no discriminación.
El 12 de Diciembre de 2003, el Tribunal Constitucional desestimó la denuncia de la pareja homosexual., señalando que: el matrimonio está reservado a personas de distinto género. Recordó que el artículo 12 de la CEDH, establece que: 'hombres y mujeres de edad mínima para contraer matrimonio tienen derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, de acuerdo a las leyes nacionales que regulan el ejercicio de este derecho'.
Los integrantes del Tribunal Constitucional de Austria decidieron que el principio de igualdad establecido tanto en la Constitución Federal Austriaca como en la Convención Europea de Derechos Humanos no permite extender el concepto de matrimonio establecidos para uniones de "hombres y mujeres" a relaciones de naturaleza distinta. Por otra parte, pusieron de relieve que el hecho de que las relaciones del mismo sexo estén protegidas por el derecho a la privacidad no permite a los jueces cambiar la Ley de Matrimonio, tarea que está reservada al Legislador.
3. Los fundamentos de los apelantes
La pareja homosexual se presentó ante la Corte de Derechos humanos de Europa argumentando que la imposibilidad de contraer matrimonio violaba tanto el derecho a casarse establecido en el artículo 12 de la Convención, como el derecho a formar una familia y a no discriminar (artículos 8 y 14 de la Convención).
4. La Interpretación de la Corte de Derechos Humanos de Europa del derecho de “todo hombre y mujer a contraer matrimonio”
La sentencia de la Corte dictada el 24 de Junio del 2010 resuelve que el derecho a contraer matrimonio previsto en el artículo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos es el “derecho a contraer matrimonio entre un hombre y una mujer”.
Para así resolver, la Corte observa que el artículo 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales concede el derecho a contraer matrimonio a "hombres y mujeres”.
Los demandantes argumentaron que la redacción no necesariamente implica que un hombre sólo puede casarse con una mujer y viceversa.
La Corte realiza una interpretación integral, histórica y sociológica de la norma.
Desde el punto de vista integral observa que, aisladamente, podría interpretarse que el artículo 12 no excluye el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Sin embargo, advierte que en una interpretación integradora de toda la Convención, ello no puede admitirse, ya que es el único artículo que habla del derecho de “hombre y mujer”. Por el contrario, todos los otros artículos sustantivos de la Convención conceden los derechos y libertades a "todos" o afirman que "nadie" puede ser sometido a ciertos tipos de tratamiento prohibido.
Por lo tanto, la Corte señala que la elección de la redacción en el artículo 12 debe considerarse deliberada.
Con respecto a la interpretación histórica, el Tribunal tiene en cuenta el contexto histórico en que se adoptó la Convención. En tal sentido recuerda que en la década de 1950 el matrimonio era entendido claramente en el sentido tradicional de unión entre personas de sexo diferente.
Desde un punto de vista sociológico, la Corte afirma que la convención debe ser interpretada al momento de su vigencia. En tal orden de ideas, el Tribunal acepta que la institución del matrimonio ha sufrido grandes cambios sociales desde la aprobación de la Convención. Pero la Corte observa que no existe ningún consenso europeo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo que permita concluir que el concepto del matrimonio ha variado.
En tal sentido, pone de relieve que solo seis de cuarenta y siete Estados de la Convención permiten el matrimonio entre contrayentes del mismo sexo .
Cabe aclarar que actualmente siete de los cuarenta y siete Estados miembros conceden a las parejas del mismo sexo igualdad de acceso al matrimonio, a saber, Bélgica, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia e Islandia. Esta discordancia numérica se debe a que al momento del dictado de la sentencia, Islandia aún no había variado su legislación.
Por otra parte, hay trece Estados miembro que no conceden a las parejas del mismo sexo el derecho a acceder al matrimonio, pero regulan distintos tipos de institutos que permiten a las parejas del mismo sexo registrar sus relaciones, ellos son: Andorra, Austria, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza y el Reino Unido.
Además, hay diecinueve Estados miembro en los cuales las parejas de igual sexo no tienen la posibilidad de casarse o de entrar en una asociación registrada. En dos Estados, a saber, Irlanda y Liechtenstein, existe una intención de dar a las parejas del mismo-sexo acceso a algún tipo de asociación registrada. Croacia tiene una ley de uniones civiles homosexuales que reconoce a las parejas de personas del mismo sexo para fines limitados, pero no les ofrece la posibilidad de registrase ni de casarse.
Esta diversidad legislativa convence a la Corte de que si bien el concepto de familia ha evolucionado, no hay un consenso sociológico en cuanto a que el concepto de matrimonio haya variado. En este orden, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifiesta que la Convención debe ser interpretada a la luz de las condiciones actuales al tiempo del dictado de la sentencia, y en las condiciones existentes al tiempo de dictarla no se puede considerar que exista violación al artículo 12 por impedir a las personas de igual sexo contraer matrimonio.
Por nuestra parte, agregamos que la mención de “hombre y mujer” en el derecho a contraer matrimonio se encuentra tanto en las Convenciones Universales como en las americanas, y que analizadas integralmente, cada convención y en forma conjunta con el Corps Iuris de los Derechos Humanos, sólo permiten interpretar que este derecho es concebido como un derecho para ser ejercido entre dos personas de sexo diferente.
Tomamos por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 1º establece que "los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona". El artículo 11 dice "toda persona tiene derecho al respeto a su honra... "; el artículo 12 dispone que "toda persona tiene derecho a la libertad...", el artículo 13 dice "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento... "; el artículo 14 estatuye que "toda persona afectada por informaciones inexactas......."; el artículo 16 dice "todas las personas tienen derecho a asociarse", mientras que el artículo 17 abandona el término toda persona para decir "se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio". La referencia a toda persona hace innecesaria la mención de hombre y mujer en el derecho a casarse -que por otra parte son los dos únicos géneros de personas existentes-, salvo que sea interpretado en el sentido que el matrimonio se contrae entre hombre y mujer.
¿Cuál sería el sentido de la mención a los dos sexos, únicos existentes, si no se los quisiera relacionar entre sí para contraer matrimonio? Ninguno ¿Para qué mencionar a hombre y mujer, en el derecho a contraer matrimonio sino es para indicar que el matrimonio debe ser celebrado entre ellos?
La enumeración tendría sentido si existiera otro género humano; por ejemplo, si en el mundo existieran hombre, mujer y transexual, y en el artículo que menciona el derecho a casarse sólo se enumerara a los dos primeros. Ello querría decir que se pretende excluir al tercero.
Una enumeración de dos géneros unidos mediante preposición “y”, que no es excluyente porque no hay nadie a quien excluir, que está realizada en una convención de derechos que es otorgada a todas las personas, debe lógicamente ser entendida como referida al matrimonio heterosexual.
En definitiva, en virtud de la lógica de lo razonable, que es la lógica jurídica, el matrimonio solo se puede celebrar entre personas de distinto sexo, tal como lo ha resuelto la Corte de Derechos Humanos de Europa en el caso en comentario.
5. Inaplicabilidad al matrimonio homosexual del precedente “ Goodwin” que permite a los transexuales el derecho a casarse
La Corte de Derechos Humanos de Europa afirmó que lo resuelto en el caso Goodwin c. The United Kingdom , no es aplicable al casamiento de los homosexuales porque fue dictada para un supuesto de transexualismo.
En el caso Goodwin, El Tribunal de Derechos Humanos determinó que la imposibilidad de que una persona transexual se case con una persona del sexo opuesto al nuevo del transexual violaba el Art. 12. A este respecto afirmó que el que el sexo no está determinado por criterios puramente biológicos; que los progresos de la medicina y de la ciencia implicaron cambios radicales en el campo de la transexualidad; que la falta de concordancia de los caracteres biológicos en un transexual no puede más constituir motivo suficiente para justificar la negativa de reconocer jurídicamente el cambio de sexo del interesado, pues otros factores deben ser tenidos en cuenta (el reconocimiento por la comunidad médica y las autoridades sanitarias de los Estados contratantes del estado médico de perturbación de la identidad sexual, la oferta de tratamientos, que incluye las intervenciones quirúrgicas que permiten a la persona aproximarse en la medida de lo posible al sexo al cual se siente pertenecer, y la adopción por ella del rol social del nuevo sexo); en tal sentido consideró que negarle al transexual operado el derecho a casarse violaba el artículo 12 de la Convención, aún en la interpretación de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, porque el género no se determina solo por lo biológico.
En efecto, para la Corte Europea de Derechos del Hombre un transexual es una persona que pertenece físicamente a un sexo, pero que siente que pertenece a otro, y para acceder a una identidad más coherente y menos equívoca se somete a tratamientos médicos o a procedimientos quirúrgicos, a fin de adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo . En tal sentido el homosexualismo no debe ser confundido con el transexualismo (gender identity), caracterizado por una contradicción entre el sexo anatómico, determinado genética y hormonalmente y el sexo psicológico, porque mientras el transexual posee un sentimiento profundo e irreversible de pertenecer al sexo opuesto al que está inscripto en su acta de nacimiento, el homosexual no abdica de su sexo de origen y se inclina por tener relaciones sexuales con personas que pertenecen a igual género sexual.
Por otra parte, en el caso de Christiane Goodwin el Tribunal de Derechos Humanos consideró que el matrimonio de un transexual con una persona de su mismo sexo de origen, no constituye un casamiento entre personas de igual sexo sino que constituye un matrimonio de personas que son de género diferente, ya que la Corte aceptó que el género se define no por criterios puramente biológicos, sino tomando otros factores entre los que incluye la reasignación de género de los transexuales.
En definitiva como ontológicamente transexuales y homosexuales son diferentes, las soluciones dadas para los primeros no son aplicables obligatoriamente a los segundos.
6. El derecho a fundar una familia. Evolución en el concepto de familia del TEDH
Los demandantes señalaron que la imposibilidad de casarse entre ellos violaba discriminatoriamente su derecho a su vida privada y familiar vulnerando de esa manera lo dispuesto por el artículo 8 en relación con el artículo 14 de la Convención de Derechos Humanos de Europa.
Con respecto al derecho a formar una familia, la Corte aclaró que este derecho es independiente del matrimonio, y que tanto la familia como la vida familiar se pueden desarrolla fuera del ámbito matrimonial y que el impedimento a contraer matrimonio en sí no vulnera el derecho a formar una familia.
Este es el primer caso que la Corte de Estrasburgo admite abiertamente que la relación de pareja homosexual constituye una familia.
En efecto, el Alto Tribunal Europeo puso de relevancia que en sus anteriores precedentes había determinado que la relación sexual y emocional de una pareja del mismo sexo formaba parte de la "vida privada", pero que no podía ser considerada como "vida familiar", incluso cuando la relación de los miembros tenía un largo plazo.
La exclusión de las parejas homosexuales del concepto de familia, en los casos anteriores, se encontraba fundada en la falta de consenso europeo sobre la inclusión de las relaciones entre personas de igual sexo en el definición de “vida familiar”, ya que hasta el año 2001 a pesar de la creciente tendencia en un número de Estados de Europa hacia el reconocimiento legal y judicial de las asociaciones de facto estables entre los homosexuales, no existía una aceptación generalizada entre los Estados contratantes que permitiera variar el la definición de familia tradicional.
Una lenta apertura sobre el tema se advierte en los últimos casos juzgados por el Tribunal de Estrasburgo. Así, por ejemplo, en un caso relativo a la sucesión del compañero homosexual superviviente a los derechos de tenencia del difunto, que cayó bajo la noción de "hogar", la Corte explícitamente dejó abierta la pregunta de si el caso refería también a la "vida privada y familiar del solicitante".
En el presente caso, la Corte evoluciona en su concepto de familia, y acepta que las relaciones estables de dos personas de igual género conforman una familia y deben ser incluidas en el “derecho a una vida familiar”.
Para así decidir, la Corte observa que desde el año 2001, cuando fue dictada la decisión en Mata Estévez , una rápida evolución de las actitudes sociales hacia las parejas del mismo sexo ha tenido lugar en muchos Estados miembro. Desde entonces, un número considerable de Estados han brindado reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Además existen disposiciones de la legislación de la UE que también reflejan una tendencia creciente a incluir a las parejas del mismo sexo en la noción de "familia".
En vista de esta evolución, la Corte considera artificial que las parejas de igual sexo no puedan gozar de "vida familiar" a los fines del artículo 8.
En consecuencia, El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acepta que las relaciones de personas del mismo sexo que viven en una asociación de facto estable, entran dentro de la noción de "vida familiar", al igual que lo estaría la relación de una pareja de sexo diferente en la misma situación.
Coincidimos completamente con lo decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que estamos convencidos de la existencia de la familia homosexual. Por otra parte, no se puede olvidar que la noción de familia homosexual ha sido reconocida por la Unión Europea en la "Directiva 2004/38/CE” del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, que se refiere al derecho de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembro. Su artículo 2 contiene la siguiente definición: "(2) miembro de la familia significa: (a) el cónyuge (b) el socio con quien el ciudadano de la Unión ha contratado un parternship registrado, sobre la base de la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida trata de asociaciones registradas como equivalente al matrimonio de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación pertinente del Estado miembro de acogida. (c) los descendientes directos que se encuentran bajo la edad de 21 años o a su cargo y los del cónyuge o concubino tal como se define en el punto (b) (d) el dependiente dirigen relativa en la línea ascendente y los del cónyuge o concubino tal como se define en el punto (b).
Con respecto al concepto de familia creemos que las definiciones de familia basadas sólo en la capacidad, aunque sea abstracta, de procreación y de asistencia y socialización de la prole, razón por la cual sería imposible aplicar el concepto a las uniones de hecho homosexuales, dejan de lado importantes aspectos que configuran las relaciones familiares.
Estamos convencidos de que la familia es principalmente convivencia orientada por el principio de solidaridad en función de afectividades y lazos emocionales conjuntos. La familia es la comunidad de vida material y afectiva de sus integrantes, promoviendo una determinada distribución o división del trabajo interno, en lo que hace a las actividades materiales que permiten la subsistencia, desarrollo y confort de los miembros del grupo familiar, así como el intercambio solidario fruto de esas actividades y de la mutua compañía y apoyo moral y afectivo procurando la mejor forma posible de alcanzar el desarrollo personal, la autodeterminación y la felicidad para cada uno” .
En definitiva la familia de hoy emana de una pareja permanente, estable, comprometida, de unión voluntaria y amorosa, que cumpla con la función de proteger a sus componentes y los transforme en una sola entidad solidaria para sus tratos con la sociedad. Esta función protectora es derivada del valor unitivo
reconocido al amor por la filosofía y la preceptiva religiosa de este
siglo” .
Luego de aceptar la “vida familiar homosexual”, el Tribunal analizó si se viola el derecho a la no discriminación al impedirles a sus miembros contraer matrimonio.
Los demandantes argumentaron que ellos fueron discriminados por su preferencia sexual por no tener acceso al matrimonio y porque Austria no brindaba ninguna alternativa de reconocimiento jurídico estaban disponibles para ellos hasta la entrada en vigor de la Ley de asociación registrada.
La Corte rechaza la argumentación de los demandantes relativa a que si no se les permite casarse conforme al artículo 12 de la Convención se viola su derecho a la vida familiar.
El Tribunal reitera que la Convención debe ser leída como un todo y sus artículos por lo tanto, deben interpretarse en armonía con los otros. Teniendo en cuenta ello, concluye que el artículo 12 no impone a los Estados parte la obligación de conceder acceso al matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo. Resulta inaceptable sostener que se discrimina a las parejas del mismo sexo en su derecho al goce de la vida familiar si se les impide casarse.
En cuanto a la segunda parte de la denuncia de las demandantes, a saber, la falta de un reconocimiento jurídico alternativo, la Corte observa que en el momento en que los solicitantes presentaron su solicitud no tuvieron ninguna posibilidad de que su relación fuera reconocida por la legislación austriaca. Pero esa situación varió en Austria el 1 de enero de 2010, cuando entró en vigor la Ley de asociación registrados. Habida cuenta que en la actualidad está abierta la posibilidad de entrar en una asociación registrada, la Corte considera abstracto juzgar si la falta de cualquier medio de reconocimiento legal de parejas del mismo sexo constituiría una violación del artículo 14, tomado en conjunción con el artículo 8.
Por nuestra parte, consideramos que la falta de una regulación integral de la pareja homosexual viola el derecho a formar una familia y que en este sentido, nuestro país vulnera las convenciones de derechos humanos porque no da ninguna solución integral al tema las parejas homosexuales.
7. Conclusiones
i. Coincidimos con lo resuelto en el fallo en comentario en cuanto a que la restricción del matrimonio a las personas de distinto sexo no desconoce derechos reconocidos por los Tratados de Derechos Humanos; por lo tanto, la regla de derecho positivo infra constitucional que exige diversidad de sexos para el matrimonio no es inconstitucional.
ii. Creemos que Tribunal Europeo pone el problema en su justo eje al resolver que el hecho de que siete Estados permitan que las personas de igual sexo contraigan matrimonio, no permite sostener que el concepto sociológico de matrimonio ha variado, ni autoriza a afirmar que los países que exigen diversidad de sexo para contraer matrimonio vulneran el corpus iuris de los derechos humanos.
iii. Los homosexuales tienen derecho a que el Estado regule sus uniones jurídicas de manera integral. Esta obligación puede ser cumplida de diferentes formas jurídicas, como ser el partenariato, la unión civil, el matrimonio, o la regulación de los PACS.
iv. El derecho de las parejas homosexuales a una regulación legal general que les permita el libre desarrollo de su personalidad no puede confundirse con el derecho a contraer matrimonio heterosexual. Sostener lo contrario sería tanto como decir que todos los países que no permiten el matrimonio homosexual violan las convenciones de derechos humanos porque impiden el libre ejercicio del derecho a la personalidad, lo que es objetivamente falso.
v. La falta de una regulación integral de los derechos de las parejas homosexuales, ya sea en la forma de unión civil, PAC, o de unión registrada, vulnera las convenciones de derechos humanos porque impide el desarrollo de la vida familiar de las parejas del mismo sexo que requiere de una reconocimiento activo por parte del Estado.
Dictamen de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires sobre matrimonio entre personas del mismo sexo
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en su sesión plenaria del 28 de junio de 2010, aprobó por mayoría el dictamen que se transcribe a continuación, sobre el matrimonio y la unión de personas del mismo sexo.
1. La familia, institución natural y permanente, constituye el órgano esencial, primario y fundamental de la sociedad, y la general experiencia histórica recogida, ha demostrado que es cohesionando los lazos entre quienes la conforman, como se contribuye al mejor desenvolvimiento de las comunidades. Nuestra Constitución Nacional declara en su artículo 14 bis la necesidad de “la protección integral de la familia”, lo que es también previsto en distintos documentos internacionales, como el artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 donde se reconoce la necesidad de la protección de la familia “como elemento fundamental de la sociedad”; o en el inciso 3º del artículo 16 de la declaración Universal de Derechos Humanos también de 1948, donde se consigna que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado”; o en otras normas de igual significado, como en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por ley argentina de 1986, o en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por ley argentina también de 1986, o en el articulo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), aprobado por ley argentina de 1984.
2. Es en particular en los países del occidente, donde esta familia se ha constituido teniendo como base, a partir de sus iniciales agrupamientos, la sólida institución del matrimonio. Matrimonio que jurídicamente ha sido reconocido y establecido, desde las más antiguas compilaciones, para designar a la unión realizada entre el hombre y la mujer con la finalidad de conformar un vínculo perdurable, creando lazos que nacen de la relación intersexual y la filiación.
Así viene definido el matrimonio desde la antigua Roma por Modestino, que en el “Digesto” decía que era “la unión del hombre y la mujer en un consorcio de toda la vida, comunicación de los derechos divinos y humanos” y por el mismo Justiniano que en las “Institutas” de su “Corpus Iuris Civilis” señalaba coincidentemente, que era “la unión del hombre y la mujer que comprende el consorcio indivisible de la vida”. La propia denominación de “matrimonio” deriva del latín “matris”, referencia a la madre en tal unión y de “munium”, referido a la carga que tal unión para ella significa antes o después de haber tenido descendencia.
Este concepto de matrimonio que partía de la inexcusable base de una unión entre personas de diferente sexo, fue de esa manera contemplado en las más diversas legislaciones posteriores. Para no tomar sino un cuerpo de normas de indudable trascendencia como fue el Código de Napoleón de 1804, destacamos que en la “Exposición de motivos” Portalis precisaba la idea del matrimonio como la “sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar la especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida y compartir su común destino”.
3. A su turno, de los distintos Tratados y Convenciones internacionales que ya antes se han citado, no puede sino extraerse que es a este matrimonio heterosexual al que tienden a referirse sin duda sus disposiciones. El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia...”, que tendrá al mismo tiempo el derecho a ser protegida, lo mismo que la “maternidad y la infancia” (artículo 25, 2); el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su inciso 2ª dice “reconocer el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia si tiene edad para ello”; el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su inciso 2º establece el mismo reconocimiento. El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales encarece la protección de la familia “especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y educación de los hijos a su cargo”. A su vez, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” aprobada por la Argentina en 1985, luego de señalar en el inciso 1º de su artículo 16 la necesidad de adoptar todas “las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio...” agrega en el inciso g) de esa misma norma, lo referente a asegurar “los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos a elegir apellido, profesión y ocupación”. Ni siquiera se recurre, en ninguna de las normas internacionales, a expresiones como “toda persona” o “todo ser humano” cuando hay referencia al derecho a contraer matrimonio. Por el contrario, hay mención directa y expresa del hombre y la mujer como se ha dejado consignado precedentemente.
En apoyo de esta debida interpretación, Augusto Mario Morello, que fuera ilustre miembro de esta Academia, traía la opinión de Rolando E. Gialdino del Comité de Derechos Humanos, quien refiriéndose al Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya aludido antes por nuestra parte, dice que del mismo no puede extraerse que los Estados estén obligados a regular el casamiento entre personas del mismo sexo, pues la “obligación emanada del Tratado para los Estados Partes, según el párrafo 2º del art.23 del Pacto, es reconocer como matrimonio únicamente la unión de un hombre y una mujer que desean casarse” (“Desvirtuación del matrimonio” en La Ley 2005-D p.1471, con cita de Gialdino R.E.: “Los derechos civiles y políticos ante el Comité de Derechos Humanos”, “Investigación”, CSJN, 1,(2002), p.171). El propio Morello, en el mismo trabajo, sostiene en sus conclusiones, que es deber del jurista de nuestro tiempo preservar la identidad respecto del matrimonio, “que ha permanecido fiel a sí misma desde su amanecer”. Por su parte, otro destacado integrante de esta Corporación, como lo fue Germán Bidart Campos manifestaba, que si bien en documentos internacionales al hablarse del “derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio” no se aclaraba si dicha fórmula implicaba el casamiento “entre sí”, “parece cierto que no están imaginando el casamiento como derecho de un varón con otro varón ni de una mujer con otra mujer, sino de un hombre con una mujer; sería bastante rebuscado hurgarle otro sentido...” y continuaba de manera concluyente agregando que “a los tratados de derechos humanos no se han incorporado las valoraciones que tienden a catalogar la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio” (“Matrimonio y unión entre personas del mismo sexo” en El Derecho 164- 723, IV). Añadimos en relación a este mismo jurista, que al comentar el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos que también antes hemos ya mencionado señalaba, en la misma orientación que le venimos destacando, que “el apartado 2º reconoce operativamente el derecho a casarse”, con lo que, dice, “se enfoca un derecho subjetivo de cada persona –hombre y mujer- para contraer matrimonio, con lo que la norma no serviría para cubrir uniones entre personas del mismo sexo” (“Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”,Ediar 1989, t.III p.229). Si alguna ley así lo llegara a permitir, estaría entonces vulnerando, conforme los anteriores comentarios, las cláusulas de los tratados internacionales que se citaron y que según el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional por encima de las leyes que pueda dictar el Congreso.
4. Según los antecedentes que se han expuesto, resulta a nuestro criterio evidente que el concepto de matrimonio no ha servido, ni puede servir en nuestros días, para designar otra unión que no sea la del hombre con la mujer que, además, es la única que puede concordar con una finalidad común a las sociedades como es la de procurar a través de ella la perpetuación de la especie humana.
La unión de personas del mismo sexo no se encuentra prohibida y libremente pueden las personas que lo deseen establecerla y tal elección debe ser respetada y como acto libre tendrá garantía constitucional. Pero el concepto de matrimonio no los comprende, pues necesariamente exige la participación del hombre y la mujer para cumplir con el propósito de complementación espiritual y física de los sexos opuestos, dirigido a la conformación de una comunidad de vida con fines de perpetuación de la especie y esto también debe ser respetado. Las personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio no porque se los discrimine, sino porque se eleva una imposibilidad física y natural para llevarlo a cabo: hay una distinción antropológica de los hombres y mujeres que se encuentra en la base del concepto matrimonial. Por eso se dice que la institución del matrimonio es consustancial con la naturaleza humana. Discriminar es tratar de diferente forma a dos situaciones iguales: aquí no son dos situaciones iguales sino distintas. De tal manera la ley 23.592 sanciona las discriminaciones “arbitrarias”, en cuanto a los derechos que puedan corresponder a personas en igualdad de condiciones. El caso del matrimonio entre un hombre con una mujer (heterosexual) y el de la unión entre un hombre con un hombre o una mujer con una mujer (homosexual) son dos situaciones bien diferentes. No hay discriminación pues, ni violación de la garantía de la igualdad ante la ley. El matrimonio, que responde a la definición que se ha venido exponiendo y que deviene por ello de una larga tradición cultural que hemos receptado, exije ser como dijimos, igualmente respetado.
De tal forma nuestro Código Civil expone claramente en su artículo 172, el requisito necesario para la conformación de la familia matrimonial dentro de nuestra sociedad, señalando que “es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo”. Las leyes son fijadoras de principios y orientaciones, que hacen muchas veces a concepciones que tienden a definir los rasgos de la sociedad para la cual han sido concebidas. Máxime en el terreno del derecho de la familia y del matrimonio en especial, cuyas normas regulatorias si bien forman parte del derecho privado son al mismo tiempo de orden público. Por eso, si el vínculo matrimonial no respondiera a la caracterización que marca la legislación vigente y que da lugar al tipo de la familia que se entiende debe ser la que se proyecte en la sociedad en aras del bien común, podría llegarse a comprometer las bases de su propia organización.
En consecuencia, descartado cualquier sentido discriminatorio, se considera totalmente inconstitucional promover alguna reforma al Código Civil que desnaturalice la institución del matrimonio tal cual fue entendida desde siempre y que no ha sido creada para comprender uniones que no sean las del hombre con la mujer.
Los doctores Aída R. Kemelmajer de Carlucci y Enrique M. Falcón, cuyas opiniones se acompañan, votaron en disidencia, mientras que el doctor Rafael M. Manóvil se abstuvo.
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
Fernando N. Barrancos y Vedia Eduardo Aguirre Obarrio
Académico Secretario Académico Presidente
Sentencia de Tribunal Superior Italiano
Matrimonio entre personas del mismo sexo
Rechazo
SENTENZA N. 138
ANNO 2010
15 aprile 2010.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promossi dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 29 luglio 2009, iscritte ai nn. 177 e 248 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di G. M. ed altro, di E. O. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’Associazione radicale Certi Diritti, e di C. M. ed altri (fuori termine);
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Alessandro Giadrossi per l’Associazione radicale Certi Diritti e per M. G. ed altro, Ileana Alesso e Massimo Clara per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per C. M. ed altri, Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per E. O. ed altri e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».
Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso dai signori G. M. ed S. G., entrambi di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto del 3 luglio 2008, col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta.
Il funzionario, infatti, ha ritenuto illegittima la pubblicazione, perché in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi», come dovrebbe desumersi dall’insieme delle disposizioni che disciplinano l’istituto medesimo, del quale tale diversità «costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale, a tal punto che l’ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l’insieme delle normative tuttora vigenti», anche secondo l’orientamento della giurisprudenza. L’atto oggetto dell’opposizione cita anche un parere del Ministero dell’interno, in data 28 luglio 2004, nel quale si legge che «in merito alla possibilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all’ordine pubblico»; affermazione ribadita con circolare dello stesso Ministero in data 18 ottobre 2007.
Il Tribunale veneziano richiama gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Inoltre, i citati atti del Ministero dell’interno si riferirebbero all’ordine pubblico internazionale e non a quello pubblico interno e, comunque, sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta di Nizza, sicché andrebbero disapplicati. In ogni caso, l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe in contrasto con la Costituzione italiana ed, in particolare, con gli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 di questa.
Il rimettente prosegue osservando che, sulla base di tali argomenti, gli istanti hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare all’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio; in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 Cost.
Tanto premesso, il Tribunale di Venezia rileva che, nell’ordinamento vigente, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto né vietato espressamente. È certo, tuttavia, che sia il legislatore del 1942, sia quello riformatore del 1975 non si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all’epoca ancora non dibattuta, almeno in Italia.
Peraltro, «pur non esistendo una norma definitoria espressa, l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se è vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d’incostituzionalità, si riferiscono al marito e alla moglie come “attori” della celebrazione (artt. 107 e 108), protagonisti del rapporto coniugale (artt. 143 e ss.) e autori della generazione (artt. 231 e ss.)».
Ad avviso del Tribunale, proprio per il chiaro tenore delle norme indicate non è possibile, allo stato delle disposizioni vigenti, operare un’estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».
D’altra parte, prosegue il rimettente, «non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali».
Secondo il Giudice di Venezia, il primo parametro è quello di cui all’art. 2 Cost., nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, non soltanto nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, cioè «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», delle quali la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione.
Infatti, la famiglia è la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell’individuo e vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili, conferendogli uno status (quello di persona coniugata), che assurge a segno caratteristico all’interno della società e che attribuisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili mediante l’esercizio dell’autonomia negoziale.
Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). La libertà di sposarsi o di non sposarsi, e di scegliere il coniuge autonomamente, riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità, sicché si risolve in una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, se non sussistono interessi prevalenti incompatibili, nella fattispecie non ravvisabili.
L’unico importante diritto, in relazione al quale un contrasto si potrebbe ipotizzare, sarebbe quello, spettante ai figli, di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto corrispondente anche ad un interesse sociale. Tale interesse, tuttavia, potrebbe incidere soltanto sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi. Si tratterebbe, però, di un diritto distinto rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno escluso il diritto di adozione. In ogni caso, la disciplina di tale istituto nell’ordinamento italiano, ponendo l’accento sulla necessità di valutare l’interesse del minore adottando, rimette al giudice ogni decisione al riguardo.
Il rimettente, poi, prende in esame l’art. 3 Cost., rilevando che, poiché il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali, come l’orientamento sessuale, con conseguente obbligo per lo Stato d’intervenire in caso d’impedimenti al relativo esercizio.
Pertanto, se la finalità perseguita dall’art. 3 Cost. è quella di vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma implicita che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (non patologico né illegale), non ha alcuna giustificazione razionale, soprattutto se posta a confronto con l’analoga situazione delle persone transessuali che, ottenuta la rettifica dell’attribuzione del sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita (il Tribunale ricorda che la conformità a Costituzione della citata normativa è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 1985).
Secondo il rimettente, le affermazioni contenute in tale pronuncia ben potrebbero ritenersi applicabili anche agli omosessuali. Comunque, la legge n. 164 del 1982 avrebbe «profondamente mutato i connotati dell’istituto del matrimonio civile, consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l’orientamento psicosessuale della persona». In questo quadro, non sarebbe giustificabile la discriminazione tra omosessuali che non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, ai quali il matrimonio è precluso, ed i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare.
Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso sulla base di ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura, non potrebbero essere condivise, sia per le radicali trasformazioni intervenute nei costumi familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, in passato utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma o le discriminazioni in danno delle donne.
Del resto, «per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sopranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive».
Il Tribunale di Venezia, in relazione all’art. 29, primo comma, Cost., osserva che il significato della norma non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in una sorta di “diritto naturale”, bensì quello di affermare la preesistenza e l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato, così imponendo dei limiti al potere del legislatore statale, come emerge dagli atti relativi al dibattito svolto in seno all’Assemblea costituente, nel ricordo degli abusi in precedenza compiuti a difesa di una certa tipologia di famiglia.
Peraltro, che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost. e che famiglia e matrimonio siano istituti aperti alle trasformazioni, sarebbe dimostrato dall’evoluzione che ne ha interessato la disciplina dal 1948 ad oggi. Il rimettente procede ad una ricognizione della normativa in materia, ricorda gli interventi di questa Corte a tutela dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché la riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e rileva che il significato costituzionale di famiglia, lungi dall’essere ancorato ad una conformazione tipica ed inalterabile, si è al contrario dimostrato permeabile ai mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare.
Sarebbero prive di fondamento, quindi, le tesi che giustificano l’implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo, sarebbe sufficiente sottolineare che la Costituzione e il diritto civile non prevedono la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l’assenza di tale capacità come condizione d’invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, sicché quest’ultimo e la filiazione sarebbero istituti nettamente distinti.
Una volta escluso che il trattamento differenziato delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali possa trovare fondamento nel dettato dell’art. 29 Cost., tale norma, nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima, non costituirebbe un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma anzi dovrebbe assurgere ad ulteriore parametro in base al quale valutare la costituzionalità del divieto.
Infine, il rimettente richiama l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Richiama al riguardo, quali norme interposte, gli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, con riferimento all’art. 8, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell’identità personale non limitata alla sfera individuale bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati per rimediare alle lacune suscettibili d’impedire la piena realizzazione personale. È citata la sentenza Goodwin c. Regno Unito in data 17 luglio 2002, con la quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario.
Il Tribunale di Venezia pone l’accento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico, una presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque alla unificazione legislativa, nell’ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali (tali atti sono richiamati nell’ordinanza).
Da ultimo, il rimettente rileva che, negli ordinamenti di molte nazioni con civiltà giuridica affine a quella italiana, si va delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. Infatti, in alcuni Stati (Olanda, Belgio, Spagna) il divieto di sposare persone dello stesso sesso è stato rimosso, mentre altri Paesi prevedono istituti riservati alle unioni omosessuali con disciplina analoga a quella del matrimonio, a volte con esclusione delle disposizioni relative alla potestà sui figli e all’adozione. Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniale, molti prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali.
Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale veneziano perviene al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere per pervenire alla decisione della causa.
2. - I signori G. M. e S. G., si sono costituiti nel giudizio di legittimità costituzionale, con ampia memoria depositata il 20 luglio 2009.
Dopo avere esposto i fatti da cui la vicenda prende le mosse ed aver riportato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, le parti private, sottolineata la rilevanza della questione proposta, osservano che il rimettente ha riconosciuto un dato incontrovertibile, cioè che nel vigente ordinamento non sussiste alcun divieto espresso che impedisca a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. La necessaria eterosessualità dello stesso nascerebbe da una tradizione interpretativa, sorta in un contesto sociale del tutto diverso dall’attuale e tramandata in modo tralaticio, anche per i riflessi della disciplina canonistica dell’istituto sul sistema civilistico.
La dimensione storica del fenomeno, tuttavia, non potrebbe essere di ostacolo ad una rivisitazione della fattispecie, come hanno fatto altre Corti costituzionali straniere. Né si potrebbe dedurre che l’eterosessualità sia un carattere indefettibile dell’istituto matrimoniale interpretando l’art. 29 Cost. a partire dalla lettera del codice civile vigente, perché quell’articolo non costituzionalizza i caratteri dell’istituto matrimoniale previsti dalla legge ordinaria o emergenti dalla sua costante interpretazione. Il codice civile sarebbe oggetto e non parametro del giudizio e, in ogni caso, «non potrebbe divenire cifra per leggere il dato costituzionale. Sarebbe, infatti, una petizione di principio affermare che il codice non viola il diritto a contrarre matrimonio ex art. 29 poiché tale disposizione, alla luce del codice stesso, prevede l’unione solo fra persone di sesso diverso. Con un aprioristico rinvio per presupposizione, infatti, si attuerebbe una sovversione della gerarchia delle fonti».
Pertanto, alla luce del principio personalistico che pervade l’intera Carta costituzionale, bisognerebbe individuare il significato delle parole “matrimonio” e “famiglia”, utilizzate nel citato art. 29. Detta norma privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Ad avviso degli esponenti, da ciò deriva che, se nella nostra società anche due persone dello stesso sesso possono formare una famiglia, escluderle dal vincolo matrimoniale non soltanto crea una discriminazione priva di qualsiasi razionalità, ma fa sì che migliaia di cittadini si vedano negate dallo Stato quelle tutele che altrimenti spetterebbero loro in virtù della norma costituzionale.
La fattispecie non sarebbe assimilabile alle unioni di fatto eterosessuali, che trovano altrove copertura costituzionale (art. 2 Cost.), perché nelle unioni di fatto vi è una chiara scelta delle parti di non rendere giuridico il progetto di vita che lega i conviventi, mentre per le coppie formate da persone dello stesso sesso tale libertà non sussiste nella misura in cui non possono scegliere se sposarsi oppure no.
Richiamata la nozione di famiglia come “società naturale”, contenuta nell’ordinanza di rimessione, gli esponenti osservano che l’interesse protetto dall’art. 29 Cost. è, in primo luogo, il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, al riparo da indebite ingerenze dello Stato, tutte le volte in cui una persona decida di realizzare se stessa in una relazione familiare. Per le persone omosessuali tale diritto risulterebbe, attualmente, del tutto conculcato.
Non sarebbe possibile sostenere che i costituenti abbiano eletto l’eterosessualità a caratteristica indefettibile della famiglia, i cui diritti sono riconosciuti e garantiti dall’art. 29 Cost., tanto da escludere dall’ambito applicativo di tale norma le coppie formate da persone dello stesso sesso. Per le parti private sarebbe certo che il fenomeno sussistesse anche ai tempi della Assemblea costituente, ma, in quanto socialmente non rilevante, non poteva allora essere preso in alcuna considerazione. Ciò vorrebbe dire che non si è optato per la famiglia eterosessuale a scapito di quella omosessuale, riservando a questa una minore dignità sociale e giuridica.
Tale stato di cose, però, non potrebbe impedire una rilettura del sistema, in considerazione delle mutate condizioni sociali e giuridiche, stante la rilevanza, sotto questo profilo, del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., e soprattutto dei principi supremi dell’ordinamento, quali l’eguaglianza (e quindi la non discriminazione) e la tutela dei diritti fondamentali.
Le parti private proseguono osservando che il diritto vivente connota l’istituto matrimoniale di una caratteristica (l’eterosessualità), che l’art. 29 Cost. non suggerisce affatto, così impedendo alle persone omosessuali di godere pienamente della loro cittadinanza e del diritto a realizzare se stesse affettivamente e socialmente nell’ambito della famiglia legittima.
Né sarebbe possibile che “società naturale” sia intesa come luogo della procreazione, in quanto il matrimonio civile non sarebbe più istituzionalmente orientato a tale finalità. Dal 1975 l’impotenza non costituisce causa d’invalidità del matrimonio, se non quando sia materia di errore in cui sia incorso l’altro coniuge (art. 122 cod. civ.). Inoltre, possono contrarre matrimonio anche le persone che, avendo cambiato sesso, sono inidonee alla generazione e quelle che, a causa dell’età, tale attitudine più non hanno.
In definitiva, la procreazione sarebbe soltanto un elemento eventuale nel rapporto coniugale e ciò dimostrerebbe quanto lontano sia il concetto di famiglia da accogliere nell’ambito dell’art. 29 Cost. rispetto a quello della tradizione giudaico-cristiana. Il matrimonio sarebbe, senza dubbio, l’unione di due esistenze, i cui fini fondamentali coincidono con i diritti e i doveri che i coniugi assumono al momento della celebrazione in base all’art. 143 cod. civ., fini ai quali è estranea la prospettiva, soltanto eventuale, della procreazione, altrimenti si dovrebbe considerare impossibile la celebrazione di un matrimonio tutte le volte in cui sia naturalisticamente impossibile per i nubendi procreare.
Gli esponenti passano, poi, a trattare del diritto al matrimonio come diritto fondamentale della persona, richiamando (tra l’altro) la giurisprudenza di questa Corte, che ha declinato il diritto stesso sia sotto il profilo della libertà di contrarre il matrimonio con la persona prescelta (sentenza n. 445 del 2002), sia sotto quello della libertà di non sposarsi e di unirsi in altro modo (sentenza n. 166 del 1998), e rilevando che i cittadini omosessuali non possono godere di queste due libertà.
Dopo avere illustrato gli aspetti e le finalità di quel diritto, nonché le prospettive correlate al suo esercizio anche nel quadro della tutela delle minoranze discriminate, essi pongono l’accento sull’esigenza che il citato diritto fondamentale sia garantito a tutti senza alcuna distinzione, anche nel caso in cui un cittadino si trovi in quella particolare condizione personale che è l’omosessualità. E ciò non in astratto, secondo la tesi di quanti ritengono che sarebbe rimessa al legislatore ordinario la scelta sull’ammissione o meno al matrimonio delle coppie formate da persone dello stesso sesso. In presenza di un diritto fondamentale spetta alla Corte costituzionale, o al giudice di merito in via interpretativa, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il godimento a tutti, tanto più se si considera che non si sta parlando di un divieto normativo bensì di una mera prassi interpretativa.
Nel caso in esame, «realizzarsi pienamente come persona significa poter vivere fino in fondo il proprio orientamento sessuale, scegliendo come partner di vita, all’interno di una relazione giuridica qualificata qual è il matrimonio, una persona del proprio sesso».
Pertanto l’interpretazione che esclude le coppie formate da persone dello stesso sesso dal matrimonio, ad avviso degli esponenti, costituisce un limite irragionevole all’esercizio della libertà personale, disconoscendo la capacità della persona di scegliere ciò che è meglio per sé in una dimensione relazionale.
Le parti private richiamano, poi, la tesi secondo cui l’art. 29 Cost. escluderebbe la riconoscibilità giuridica delle coppie omosessuali, anche soltanto attraverso un istituto alternativo al matrimonio, e ne sostengono l’infondatezza, rilevando che il detto articolo non può essere interpretato in modo da violare uno dei principii fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ossia il principio di eguaglianza. Dopo avere argomentato diffusamente sul punto, anche in ordine ai profili economici dell’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, gli esponenti osservano che nella nostra società, non più caratterizzata da un’omogeneità sul piano culturale, il principio di eguaglianza deve assumere una dimensione nuova, volta a favorire il pluralismo e l’inclusione sociale. Con tale concezione contrasta un uso del diritto che abbia come effetto di escludere un soggetto dal godimento di un diritto o libertà fondamentale in virtù di una sua condizione personale. E ciò senza considerare la contemporanea violazione dell’art. 2 Cost., perché in tal modo s’impedisce l’esercizio del diritto alla piena realizzazione di sé.
Inoltre, le parti private pongono l’accento sulla normativa comunitaria e internazionale già richiamata nell’ordinanza di rimessione.
Esse, poi, criticano la tesi secondo cui un giudice, fosse anche la Corte costituzionale, non potrebbe spingersi fino al punto di accogliere la richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere le pubblicazioni matrimoniali sul presupposto del riconoscimento del loro diritto a sposarsi.
Ribadito che si è in presenza di una prassi interpretativa, derivante da elementi testuali della legislazione ordinaria, risalente a ben prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e che tale prassi contrasta (per quanto detto in precedenza) con norme e principi supremi di rango costituzionale, gli esponenti sostengono che, nel caso in esame, non si tratta di creare un istituto nuovo, o di affermare l’esistenza di un nuovo diritto (operazioni precluse al potere giudiziario), perché il diritto al matrimonio sussiste già ed ha chiari connotati, ma, pur essendo un diritto fondamentale, ne viene concesso il godimento soltanto alle persone eterosessuali.
Infine, sono richiamati alcuni passaggi argomentativi di Corti straniere, che si sono occupate della tenuta costituzionale, nei rispettivi sistemi, del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.
In chiusura, si chiede a questa Corte di acquisire un’adeguata base informativa sul numero di coppie formate da persone dello stesso sesso, che vivono sul territorio italiano, e sull’impatto dell’attuale prassi interpretativa, che esclude le persone dello stesso sesso dal matrimonio, sul loro benessere psicosociale.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha spiegato intervento nel presente giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 21 luglio 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.
La difesa dello Stato prende le mosse dal rilievo che la normativa riguardante l’istituto del matrimonio, sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di rango costituzionale, si riferisce senz’altro all’unione fra persone di sesso diverso.
Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall’art. 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l’esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell’Avvocatura generale, l’istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione).
Il richiamo all’art. 2 Cost., operato dal rimettente, non sarebbe decisivo né conferente.
Tale disposto, per costante interpretazione di questa Corte, «deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali, quando meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti» (sentenza n. 98 del 1979), tra i quali non sarebbe compresa la pretesa azionata dai ricorrenti nel giudizio a quo.
La collocazione dell’art. 2 Cost. fra i “principi fondamentali” ed invece la collocazione dell’art. 29 nel titolo II tra i “rapporti etico-sociali” costituirebbero non soltanto l’argomentazione testuale, ma anche l’argomentazione più significativa per escludere la fondatezza dell’assunto contenuto nell’ordinanza di rimessione, non essendo ovviamente vietata nel nostro ordinamento la convivenza tra persone dello stesso sesso. Infatti, la dottrina più recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nell’ambito della tutela delle coppie di fatto.
Non sussisterebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., perché questo impone un uguale trattamento per situazioni uguali e trattamento differenziato per situazioni di fatto difformi.
La difesa dello Stato osserva che la dottrina, nel commentare il citato art. 3, ha ritenuto il divieto di discriminazione in base al sesso «in qualche misura meno rigido rispetto ad altri», sia sul piano della correlazione di alcune distinzioni ad obiettive differenze tra i sessi, sia sul piano normativo, nella misura in cui in Costituzione si rinvengono norme idonee a giustificare, entro certi limiti, distinzioni fondate sul sesso, «in particolare, gli articoli 29, 37 e 51».
La dottrina avrebbe anche ritenuto il richiamo al principio di ragionevolezza, espresso nel medesimo art. 3 Cost., non pertinente nel caso in esame, perché un trattamento normativo differenziato potrebbe ritenersi “ragionevole”, in quanto diretto a realizzare altri e prevalenti valori costituzionali.
Neppure sarebbe pertinente il riferimento alla giurisprudenza in tema di illegittime discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, perché il problema della “identità di sesso biologico” in quell’ipotesi avrebbe assunto una rilevanza diversa.
Quanto all’art. 29 Cost., detta norma, stabilendo che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», delinea una “relazione biunivoca” tra le nozioni in essa richiamate e, altresì, «vincola il legislatore a tenere distinte la disciplina dell’istituzione familiare da quelle eventualmente dedicate a qualsiasi altro tipo di formazione sociale, ancorché avente caratteri analoghi».
Ad avviso dell’Avvocatura, in esito al dibattito sviluppatosi nell’Assemblea costituente in sede di elaborazione dell’art. 29, si sarebbero delineate due ricostruzioni circa il significato di tale norma.
La prima sottolinea il carattere pregiuridico dell’istituto familiare, identificando un solo modello univoco e stabile; la seconda attribuisce all’art. 29 un contenuto mutevole con l’evoluzione dei costumi sociali. Parte della dottrina, invece, ha superato tale dicotomia, ritenendo che la norma faccia riferimento ad un modello di famiglia che, per quanto suscettibile di sviluppi e cambiamenti, sia però caratterizzato “da un nucleo duro”, che trova «il suo contenuto minimo e imprescindibile nell’elemento della diversità di sesso fra i coniugi» e perciò mantiene il significato originario fissato nella Carta, senza mutarlo in maniera differente e distante dall’iniziale formulazione.
Infine, non sarebbe ravvisabile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
La difesa dello Stato premette che l’ordinamento comunitario non ha legiferato in materia matrimoniale, ma si è limitato in varie risoluzioni ad indicare criteri e principi, lasciando ai singoli Paesi membri la facoltà di adeguamento delle legislazioni nazionali.
La libertà lasciata ai legislatori europei ha dato luogo, perciò, a molteplici forme di tutela delle coppie omosessuali.
Non vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona, in quanto proprio l’art. 9, che riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.
Per quel che riguarda gli obblighi internazionali e, in particolare, il rispetto della CEDU, la citata normativa del codice civile italiano non appare in contrasto con gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, dal momento che proprio l’art. 12 non solo riafferma che l’istituto del matrimonio riguarda persone di sesso diverso, ma rinvia alle leggi nazionali per la determinazione delle condizioni per l’esercizio del relativo diritto.
In definitiva, al di là del carattere eterogeneo dei modelli di riconoscimento adottati dagli Stati europei, l’elemento che li accomuna sarebbe la “centralità del legislatore” nel processo d’inclusione delle coppie omosessuali nell’ambito degli effetti legali delle discipline di tutela.
Peraltro, un intervento della Corte costituzionale di tipo manipolativo non sarebbe realizzabile attraverso un’operazione lessicale di mera sostituzione delle parole “marito” e “moglie”, con la parola “coniugi”, perché in realtà si tratterebbe di operare un nuovo disegno del tessuto normativo codicistico, alla luce di una norma costituzionale che proprio ad esso rimanda; e tale compito sarebbe necessariamente riservato al legislatore.
4. - La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.
La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso un decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; e il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.
La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, esamina la questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti.
Dopo aver ricordato l’ordinanza del Tribunale di Venezia, la rimettente osserva che, rispetto all’epoca nella quale sono state emanate le norme disciplinanti il matrimonio, «si è verificata un’inarrestabile trasformazione della società e dei costumi che ha portato al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale ed al contestuale spontaneo sorgere di forme diverse di convivenza che chiedono (talora a gran voce) di essere tutelate e disciplinate».
In questo quadro, ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se l’istituto del matrimonio, nell’attuale disciplina, sia o meno in contrasto con i principii costituzionali.
L’interrogativo si porrebbe, in particolare, rispetto al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. In sostanza, poiché il diritto di contrarre matrimonio costituisce «un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito costituzionalmente dall’art. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all’esercizio di esso».
Sarebbe innegabile che la questione sia rilevante ai fini della decisione, perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti il matrimonio, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra omosessuali, influirebbe in modo determinante sull’esito del giudizio a quo.
Inoltre, non si potrebbe sostenere che la questione sia manifestamente infondata, perché «quanto sopra osservato non può essere superato da un’interpretazione secondo cui il matrimonio deve e può essere consentito solo a coppie eterosessuali a ragione della sua funzione sociale, principio secondo taluni ricavabile dall’art. 29 Cost. (norma che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio). Detto principio, infatti, si limita a riconoscere alla famiglia un suo ruolo naturale, nel senso che da un lato lo Stato non può prescindere da tale realtà sociale a cui tende per natura la stragrande maggioranza degli individui e, dall’altro, afferma che la famiglia è fondata sul matrimonio; ma certo esso non giunge ad escludere la tutela della famiglia di fatto (che prescinde dal matrimonio) o ad affermare la funzione della famiglia come granaio dello Stato».
Ad avviso della rimettente, «l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, molto ben ricordata dal Tribunale di Venezia nell’ordinanza sopra citata, restituisce oggi un concetto di famiglia che porta ad escludere che in forza dell’art. 29 Cost. possa darsi rilevanza solo alla famiglia legittima funzionalmente finalizzata alla capacità procreativa dei coniugi sicché, semmai, è anche in relazione a tale norma di rango costituzionale che la questione sollevata deve essere giudicata meritevole di attenzione da parte del Giudice delle leggi».
5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 3 novembre 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La difesa dello Stato svolge argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l’ordinanza del Tribunale di Venezia.
6. - Si sono altresì costituite, con atto depositato il 2 novembre 2009, le parti private nel giudizio promosso con l’ordinanza della Corte di appello di Trento, signori O. E. e L. L. e signore Z. E. e O. M., dichiarando di ritenere ammissibile e fondata la questione sollevata e chiedendone l’accoglimento.
7. - In quest’ultimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 3 novembre 2009, l’Associazione radicale Certi Diritti, in persona del segretario e legale rappresentante pro-tempore, che, richiamando gli obiettivi statutari dell’Associazione medesima, ha dichiarato di ritenersi legittimata ad intervenire e di ritenere ammissibili e fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Trento, riservandosi ogni ulteriore opportuna illustrazione delle proprie difese e il deposito di ogni eventuale documentazione.
8.- Con atto depositato il 25 febbraio 2010 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con la citata ordinanza della Corte di appello di Trento, hanno spiegato intervento i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.
Gli intervenienti, tutti di sesso maschile, premettono che, con tre atti in pari data 5 novembre 2009, comunicati con lettere inviate l’11 novembre 2009, l’ufficiale di stato civile del Comune di Milano ha reso noto il rifiuto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste.
Essi osservano che l’interesse proprio e diretto ad intervenire è sorto in data successiva alla scadenza degli ordinari termini del giudizio costituzionale e per questo motivo l’atto di intervento è depositato nel termine di venti giorni antecedenti la data dell’udienza fissata per la discussione. Considerato che si tratta di circostanza temporale indipendente dalla volontà dei ricorrenti e comprovata da documenti formati dalla pubblica amministrazione, richiamato per quanto occorra in via analogica il disposto dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto tempestivo e chiedono, comunque, di essere rimessi in termini.
Inoltre, essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto ammissibile, alla luce delle innovazioni introdotte dalla Corte costituzionale, che ha espresso negli ultimi anni un orientamento progressivamente favorevole all’ammissibilità, caso per caso, «soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge».
In questo quadro, l’interesse diretto, specifico e concreto degli intervenienti alla pronuncia di questa Corte non potrebbe essere posto in dubbio, perché la declaratoria di fondatezza della questione consentirebbe di ottenere le pubblicazioni di matrimonio già richieste e rifiutate dall’ufficiale di stato civile in base al rilievo dell’inammissibilità, nel vigente ordinamento, di matrimoni tra persone dello stesso sesso.
Nel merito, gli intervenienti svolgono considerazioni analoghe a quelle già in precedenza richiamate a sostegno della fondatezza della questione.
9. - In prossimità dell’udienza di discussione le parti private nei due giudizi di legittimità costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione radicale Certi Diritti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».
Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due persone di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio, nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.
Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e alla Carta di Nizza, rimarcando che l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe costituzionalmente illegittima con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 29 Cost.
Tanto premesso, il rimettente rileva che, nell’ordinamento italiano, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato in modo espresso. Peraltro, pure in assenza di una norma definitoria, «l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro tenore delle disposizioni del codice, regolatrici dell’istituto in questione, non consentirebbe di estenderlo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».
D’altra parte, secondo il Tribunale non si possono ignorare le rapide trasformazioni della società e dei costumi, il superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse (seppur minoritarie) di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i princìpi costituzionali.
Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo le mosse dal rilievo che il diritto di sposarsi costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale ed in ambito nazionale (art. 2 Cost.), illustra le censure riferite ai diversi parametri costituzionali evocati, pervenendo al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione promossa, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere al fine di pervenire alla decisione della causa.
2. - La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.
La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.
La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, passa all’esame della questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti, svolgendo, in relazione alle censure prospettate, considerazioni analoghe a quelle esposte dal Tribunale di Venezia.
3. - I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
4. - In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dell’Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato nell’ordinanza, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità.
5. - La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del 2009, n. 316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).
6. - Le dette ordinanze muovono entrambe dal presupposto che l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile.
In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l’ordinanza del Tribunale veneziano.
Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976).
7. - Ferme le considerazioni che precedono, si deve dunque stabilire se il parametro costituzionale evocato dai rimettenti imponga di pervenire ad una declaratoria d’illegittimità della normativa censurata (con eventuale applicazione dell’art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale.
8. - L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.
Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.
9. - La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.
Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).
Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.
Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.
Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.
In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.
Il richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, alla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non è pertinente.
La normativa ora citata – sottoposta a scrutinio da questa Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale all’epoca promosse – prevede la rettificazione dell’attribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (art. 1).
Come si vede, si tratta di una condizione del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento.
10. - Resta da esaminare il parametro riferito all’art. 117, primo comma, Cost. (prospettato soltanto nell’ordinanza del Tribunale di Venezia).
Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); pone l’accento su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in causa C. Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002), che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale (dopo l’operazione) con persona del suo stesso sesso originario, sostenendo l’analogia della fattispecie con quella del matrimonio omosessuale; evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e, in particolare, l’art. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l’art. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle Istituzioni europee, «che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti»; infine, segnala che nell’ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali.
Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo alla citata sentenza della Corte europea non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata dal diritto inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo l’operazione, avendo acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva avviato una relazione con un uomo, col quale però non poteva sposarsi «perché la legge l’ha considerata come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzione nell’ambito della legge n. 164 del 1982. E, comunque, già si è notato che le posizioni dei transessuali e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame.
Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto».
A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».
In ordine a quest’ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».
Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato pone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplina l’ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta (come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che l’aveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro) che «L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».
Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.
Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.
Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.
Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del 2009);
rilevato che in tale giudizio è intervenuta l’Associazione Radicale Certi Diritti, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 3 novembre 2009;
che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto depositato il 25 febbraio 2010, i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso maschile;
che né l’Associazione Radicale, né i signori di cui all’intervento in data 25 febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007; ordinanza n. 414 del 2007);
che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;
che, pertanto, sia l’intervento dell’Associazione Radicale Certi Diritti sia quello spiegato con l’atto depositato il 25 febbraio 2010 devono essere dichiarati inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo di quest’ultimo (ordinanza n. 119 del 2008).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione Radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Régimen de bienes del matrimonio
Asentimiento conyugal. Actos comprendidos. Desafectación del régimen de inembargabilidad como acto de disposición.
En la ciudad de Azul, a los 4 días del mes de Mayo del año Dos Mil Diez, reunidos en Acuerdo Ordinario el Señor Juez de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala I, Doctor Esteban Louge Emiliozzi, integrada transitoriamente con el Doctor Jorge Mario Galdós en virtud del Acuerdo Extraordinario de fecha 29 de marzo del corriente, para dictar sentencia en los autos caratulados: “VITRANO, ROBERTO DONATO S/QUIEBRA” (Causa 54.100), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: GALDOS – LOUGE EMILIOZZI
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia de fs. 142/143 vta?
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor GALDOS, dijo:
I.1. Invocando su condición de gestora la doctora Beatriz E. Hurtado se presentó a fs.139/141 de este proceso concursal en representación de Nélida Leonarda Cala, solicitando la suspensión de la subasta ordenada del bien inmueble que fuera denunciado como perteneciente al activo falencial. Además, solicitó la declaración de nulidad de la inscripción registral, mediante la cual se levantó, según petición unilateral de su esposo fallido, la cláusula de inembargabilidad que tutelaba el bien por haber sido adquirido según el régimen de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Hipotecario Nacional. La Juzgadora de grado desestimó todos los planteos articulados (fs. 142/143 vta.), sin costas por no mediar oposición. Para así decidir argumentó:
- Se encuentra acreditado en autos y resulta asimismo del certificado de dominio agregado que el inmueble (matrícula nº 39.301 de Olavarría), registra su titularidad por el 100% a nombre del fallido –Sr.Vitrano-, quien lo adquirió siendo de estado civil casado con la peticionante –Sra.Cala-.
- El carácter ganancial de un bien inmueble sólo tiene virtualidad en las relaciones entre los cónyuges, pero resulta irrelevante para los acreedores cuya prenda común está conformada con el patrimonio del deudor sin distinción entre bienes propios y gananciales.
- El régimen de bienes gananciales no convierte al cónyuge en condómino del inmueble en cuestión, ya que bajo el sistema de administración separada instaurado por el art.1276 del Código Civil, cada uno de los esposos tiene la libre administración y disposición de los bienes propios y de los gananciales adquiridos por su trabajo personal o por cualquier título, con la salvedad prevista en el art. 1277.
- El inmueble inscripto registralmente a nombre del fallido, constituye un bien ganancial de administración reservada y sólo con la disolución del matrimonio y liquidación de la sociedad conyugal, nace para el otro cónyuge su derecho a participar en la mitad de los gananciales de su cónyuge.
- El titular, Vitrano, se hallaba perfectamente habilitado para solicitar ante el Registro de la Propiedad Inmueble el levantamiento de la cláusula de inembargabilidad, tal como se le proveyó y resulta del asiento 1 de la columna "cancelaciones", del informe acompañado. Por otra parte, la subasta del inmueble se desarrolla en el marco de un proceso de quiebra.
- La solución brindada por la Ley de Concursos y Quiebras es coherente con el régimen patrimonial matrimonial vigente (Ley 17.711). En tal sentido, los bienes gananciales a nombre del deudor integran su patrimonio, respecto del total del valor del mismo. No puede alegarse su afectación por el 50 %, pretendiendo que su cónyuge tenga "un derecho como socia" a la mitad de los bienes.
2. La esposa del fallido, Nélida L. Cala interpuso recurso de apelación (fs. 144), siéndole concedido (fs. 145). Fundado el mismo tempestivamente (fs. 150/152), se sustanció (fs. 153), recibiendo contestación del Síndico (fs. 156/157). La apelante se agravia porque:
- La resolución viola los principios establecidos por la Constitución Nacional (art. 14 bis), por la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación racial (art. 5 inciso e), por la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 14 inciso 2), por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11 inciso 1), por la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 17) y otros Tratados internacionales.
- Señala que el carácter ganancial del bien a subastar nunca estuvo en discusión, cuestionándose la omisión del asentimiento conyugal para desgravar el inmueble (arts. 1276 y 1277 del Código Civil). Es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar bienes gananciales.
- El art. 35 de la ley 22.232 es una disposición de orden público, que responde a un claro objetivo social y de interés general, que instituyó la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a viviendas propia y construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional. La finalidad del asentimiento es proteger a los cónyuges, impidiendo que uno cualquiera de ellos ejecute maniobras de ocultamiento o desintegración del patrimonio familiar.
- La protección del interés familiar debe prevalecer por sobre el interés individual de alguno de sus miembros, si la desafectación implica desproteger a la familia. Tal protección pesa como “conditio sine quanon” para que no proceda la desafectación.
- Resulta de aplicación analógica la ley 14.394 (art. 49), que regula la desafectación del bien de familia y en todo caso, debió lograrse la autorización judicial supletoria para lograr la desafectación que se produjo por decisión del fallido.
3. El síndico concursal se opuso a fs.156/157 y solicitó el rechazo del recurso de apelación y, por ende, la confirmación del decisorio. Destacó que el inmueble corresponde en propiedad en un 100% al fallido, quien lo adquirió siendo de estado civil casado; que no corresponde ninguna autorización para su venta, bastando la firma del propietario, quien tiene la libre administración y disposición, conforme el régimen de gestión separada establecido por la ley 17.711 (arts. 1276 y 1277 Cód.Civ.). El cónyuge del propietario, por el carácter ganancial, no es parte en el acto de disposición, quien no deja de ser un tercero por más que el art. 1277 demande su asentimiento. El único titular del inmueble es el fallido, no siendo la apelante cotitular del mismo. Para dejar sin efecto la cláusula de inembargabilidad no se requería el asentimiento conyugal, el que pudo gestionar solo el fallido al cancelarse el crédito garantizado con hipoteca.
4. La señora Fiscal General reemplazante en su dictamen de fs.161/163 propició la revocación de la resolución. Señaló que el fallido denunció como activo el inmueble que habita con su esposa; y como adquirido con un préstamo otorgado por el Banco Hipotecario Nacional. La cláusula de inembargabilidad dejada sin efecto por decisión del esposo otorga al titular del derecho real de dominio la facultad de habitar en un inmueble que, en la práctica, es inejecutable. Ello se corresponde con la noción de derecho que menciona el art. 1277 y es similar a los derechos que surgen del instituto de bien de familia. Agrega que según el art. 20 de la ley 22.232 al tomarse razón del derecho real de garantía (hipoteca), se dejará constancia en el Registro de la Propiedad Inmueble que el bien que constituye el asiento es inembargable, inejecutable y que no podrá constituirse sobre ellos otros derechos reales. En consecuencia, la anotación resulta impuesta por la ley. Dejar sin efecto dicha anotación constituye un acto de disposición y requiere del asentimiento conyugal establecido por el art. 1277 del Cód.Civ. En consecuencia, propicia la suspensión de la subasta decretada. A fs.165 se dispuso que la cuestión debía resolverse en acuerdo, y practicado el sorteo pertinente (fs.165vta.) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II. 1. Anticipo criterio en el sentido de que el recurso es procedente. La sentencia de quiebra produce efectos patrimoniales, siendo el desapoderamiento uno de sus más importantes (arts. 106, 107, 108 y concs. ley 24.522). Ello resulta del principio de incolumidad, integridad o intangibilidad del patrimonio afectado por el estado de insolvencia, cuyos activos deberán ser liquidados para satisfacer el pasivo (arts. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 218 y concs. L.C.).
En principio, todos los bienes quedan sujetos a desapoderamiento, excepto aquellos que taxativamente se encuentran excluidos por disposición legal (art. 108, ley 24.522). Señalan Rouillón y Gotlieb que “los bienes gananciales de titularidad exclusiva del cónyuge fallido, quedan incluidos en el desapoderamiento. La exclusión de estos bienes de la liquidación solamente podría corresponder en caso que se acreditara que fueron adquiridos por el cónyuge no fallido, total o parcialmente.” …“Los bienes gananciales quedarán incluidos en (o excluidos del) desapoderamiento falencial conforme las normas de derecho civil aplicables tanto al deudor in bonis como al quebrado. La jurisprudencia tiene establecido que el régimen de bienes del matrimonio –de gestión y responsabilidad separada- no sufre alteración alguna en el supuesto de quiebra de uno de los cónyuges, rigiendo también en esa circunstancia el sistema previsto en el Código Civil (arts. 1276, Cód. Civ. y 5 y 6, ley 11.357), por lo que quedan sujetos a desapoderamiento sólo los bienes propios y gananciales de que fuera titular el cónyuge fallido, no existiendo norma concursal que regule o modifique tal régimen”. … “El bien ganancial adquirido por el fallido responde íntegramente frente a los acreedores de éste, correspondiendo afectar a la liquidación, a partir de la fecha de la sentencia de quiebra, el 100% de dicho bien ganancial...” (Rouillón, Adolfo A. N. - Gotlieb, Verónica, “Desapoderamiento”, en “Código de Comercio Comentado y Anotado”, Adolfo A. N. Rouillón (Director) - Daniel E. Alonso (Coordinador), Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, tomo IV-B, pág. 190, n° 15).
Del informe registral agregado a esta causa por la cónyuge no fallida (fs. 135/138) y de los incorporados al incidente de realización de bienes (fs. 31/33 y fs. 56/58), resulta -de la columna “titulares sobre el dominio”- que el inmueble a subastar fue adquirido por Vitrano según escritura del 10/03/1989, cuando ya era de estado civil casado con Nélida Leonarda Cala (asiento n° 1; conf. título de propiedad de fs. 15/22), correspondiéndole el 100% del derecho real dominio. Se trata, por tanto, de un bien ganancial de administración reservada (art. 1276 y concs., Código Civil; arts. 375 y 384, C.P.C.C.; arts. 273 inciso 9°, 278 y concs., ley 24.522; Vidal Taquini, Carlos “Régimen de bienes en el matrimonio”, pág. 322, § 282). En consecuencia, en principio según lo señalado y de aplicarse el régimen patrimonial de los bienes matrimoniales, dicho inmueble debería quedar sujeto a desapoderamiento para su liquidación en provecho de los acreedores.
2. Empero, en el “sub-lite” el bien mencionado se encuentra sometido al régimen de inembargabilidad previsto por el art.35 de la ley 22.232. Surge de autos –columna “gravámenes, restricciones e interdicciones” (asiento n° 1)- (fs.135/138) gue fue adquirido e hipotecado con cláusula de inembargabilidad, en garantía del crédito otorgado por el Banco Hipotecario Nacional, gravamen cancelado en su totalidad (columna “cancelaciones”, asiento n° 1). Luego, abonado el crédito y la garantía, por petición de “parte interesada” –aclaro: petición unilateral del esposo- se levantó la referida cláusula de inembargabilidad el 23/04/2001 (columna “cancelaciones”, asiento n° 2, fs.135/138).
Así las cosas, -y prescindiendo por ahora de los efectos de la mencionada cancelación- debería partirse –en una primera aproximación- de la premisa de que el inmueble sometido al régimen tuitivo de la ley 22.232 es excluido del activo falencial porque prevalece el carácter de orden público y los propósitos de interés general y de fomento de la vivienda familiar que inspiraron el dictado de la ley (Cám.Civ.y Com. Sala 2 San Isidro, 12/11/2002, “García Canedo”, Juba B170578). Los antecedentes jurisprudenciales reseñados por Rouillón y Gotlieb han sido sintetizados como sigue:“Corresponde considerar excluido del activo falencial y del desapoderamiento propio de la quiebra el inmueble gravado a favor del Banco Hipotecario Nacional mientras mantiene su categoría originaria de una vivienda propia y conserva tal destino. La exclusión del desapoderamiento no admite restricciones temporales, indicándose que la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia y constituidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional subsisten aún con posterioridad a la cancelación del gravamen, e incluso –en supuestos de quiebra del deudor- a pesar de que el crédito de la entidad bancaria haya sido declarado inadmisible”. (Rouillón y Gotlieb, op. cit., pág. 188, n° 11; ver Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Protección jurídica de la vivienda familiar” fs.170 y ss.; Rivera – Roitman – Vítolo “Ley de Concursos y Quiebras”, T. II, pág. 108 N°8; Bonanni, Mariano A. “Desapoderamiento en la quiebra y los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional”, D.J. 2001-3-429).
3. Sin embargo, el “sub-lite” debe resolverse por la inoponibilidad del levantamiento de la inembargabilidad peticionado unilateralmente por el fallido Vitrano sin el asentimiento de su cónyuge, Sra.Cala. En efecto, procede analizar la validez del pedido unilateral de levantamiento de la cláusula de inembargabilidad formulada por el fallido el 23 de abril de 2001, sin el asentimiento de su esposa (fs.135/138). Esa solicitud determinó que el Registro de la Propiedad Provincial procediera al levantamiento de cláusula de inembargabilidad “a solic. de pte. Interesada” (sic, fs.138, asiento 2 en columna de cancelaciones).
Ese acto es ineficaz porque inobservó el art.1277 Cód.Civ., conforme también resulta de la aplicación del instituto análogo del bien de familia. En tal sentido la Suprema Corte de Buenos Aires ha decidido que la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia adquiridos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional –ley 22.232-, se mantiene luego de cancelado el crédito del Banco, porque –entre otros fundamentos- ello se corresponde “con el espíritu de normas análogas, como las que regulan el llamado "bien de familia" y tienen sustento constitucional en el art. 14 nuevo de la Ley Suprema. (S.C.B.A., Ac. 45.711, 31-3-1992, “Villa”; Ac. 50.324, 10-12-1992, “Villar”; Ac. 50.827, 15-8-1995, “Peris”; Ac. 63790 27-4-1999, “Ferrari”; Ac. 73811 13-9-2000, “Banco de la Provincia”; Ac. 82.873, 22-10-2003, “Lozano”; Ac. 87.131, 27-10-2004, “Banco de Galicia”; C 88.169, 31-10-2007, “Erbes”). La analogía entre ambos institutos tuitivos de la vivienda conyugal (el bien de familia y la vivienda adquirida como crédito del Banco Hipotecario Nacional) también fue puesta de manifiesto por la Corte Nacional (C.S.J.N., 30/10/986, "Jaralambides”, La Ley, 1987-A- 495; Fallos 256:572, 257:182 - Repertorio La Ley, XXV, p. 628, sum 59-; Fallos 295:608, La Ley, 1977-A-404).
Ya anticipé que el levantamiento de la cláusula de inembargabilidad lo formuló Roberto Vitrano en el oficio librado a fs.135 (el 23/04/2001) y que el Registro de la Propiedad tomó nota de esa medida, y así lo dispuso, “a solicitud de parte interesada” (fs.138/139). Y ese acto, esto es la ausencia del consentimiento del art.1277 Cód.Civ. de uno de los cónyuges para la disposición de un bien ganancial (norma aplicable al caso) determina, en la doctrina legal de la Suprema Corte Bonaerense, su “inoponibilidad al cónyuge cuyo consentimiento se ha preterido” (S.C.B.A. Ac.38544, 20/9/88, “Bathelt” A.y S.1988-III-435; Ac.43588, 17/3/92 “Tolosa”, A.y S.1992-I-126).
Distintos autores coinciden en que del artículo 1277 del Código Civil –que requiere del “consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trata de inmuebles…”- consagra un régimen de protección de la mujer y la familia (Borda, Guillermo A., “La reforma de 1968 al Código Civil”, pág. 482; Spota, Alberto G., “Sobre las reformas al Código Civil”, págs. 45/46; Fassi, Santiago C., “El consentimiento del cónyuge del artículo 1277 del Código Civil”, La Ley-B-528; Fassi Santiago C. y Bossert, Gustavo A., “Sociedad conyugal”, Astrea, tomo II, pág. 51; Cafferata, José I., “Invalidez del asentimiento conyugal general y anticipado”, La Ley, 1975-D-603; Fanzolatto, Eduardo I., “El asentimiento conyugal”, pág. 39; Vidal Taquini, Carlos H., op. cit., pág. 337, § 288).
El asentimiento exigido por el artículo 1277 del Código Civil, es necesario cuando se trata de disponer o gravar un bien (Vidal Taquini, Carlos H., ob. cit., pág. 349 a 351, § 294). Tal solución es la que corresponde, habida cuenta la finalidad tuitiva que en ambos casos ha consagrado la ley en provecho de la familia y las consecuencias que traería aparejado para ella el desapoderamiento y la liquidación del bien (art. 34 y concs., ley 14.394; art. 35, ley 22.232). En torno al “asentimiento” –aunque el art.1277 Cód.Civ. se refiere al “consentimiento”- recae, en palabras de Kemelmajer de Carlucci, sobre los actos que priven “a la familia de algún derecho real o personal; en otros términos, el acto que requiere consentimiento es el que afecta la disposición efectiva de los derechos sobre la vivienda” (Kemelmajer de Carlucci, Aida “Protección jurídica de la vivienda familiar” cit., p.190 y p.436 al aludir a un proyecto legislativo). Al mencionar cuáles son los comprendidos dentro de los denominados “actos de disposición” señala Belluscio que “son los que disminuyen o modifican sustancialmente los elementos que forman el capital del patrimonio o comprometen su porvenir por largo tiempo, tales como la enajenación, constitución de derechos reales o arrendamientos por muchos años de inmuebles” (Belluscio, Augusto en Bellucio-Zannoni “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, T.6, pág. 181). Zannoni incluye los actos de “abdicación de derechos (renuncia, transacción)” (ob.cit. p.181).
4. Las consideraciones aquí vertidas con relación al art.1277 Cód.Civ. son trasladables también a mérito de lo normado por el art.49 inc.a de la ley 14.394 que para la desafectación del bien de familia requiere “la conformidad del cónyuge”. En efecto, y siendo que la ausencia del asentimiento conyugal del art.1277 Cód.Civ. conlleva la inoponibilidad del acto de disposición, no puede menos que concluirse que esa formalidad es requerida también para el levantamiento de la inembargabilidad del inmueble con crédito hipotecario de fomento de la vivienda única (ley 22.232). A esta conclusión se arriba atendiendo no sólo por la naturaleza del acto equiparable a disposición -por tratarse de la renuncia al derecho protectorio de la vivienda- sino porque la mentada norma (art.14 inc.a ley 14.394) que rige el instituto análogo –la desafectación del bien de familia- exige de esa conformidad expresa. Establece ese dispositivo legal: “Procederá la desafectación del “bien de familia” y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario: a instancia del propietario con la conformidad de su cónyuge; a falta del cónyuge, o si éste fuera incapaz, se admitirá el pedido siempre que el interés familiar no resulte comprometido” (ley 14.394).
También resulta exigible el asentimiento del art.1277 cuando se procura desafectar un inmueble del régimen de bien de familia o cuando –agrego- como en caso de autos, se trata de dejar sin efecto una cláusula de inembargabilidad establecida en tutela de la vivienda familiar (Vidal Taquini, Carlos H., ob.cit. pág.349). El autor citado distingue entre constituir un inmueble en bien de familia que -pese a ser un acto de disposición- no requiere el asentimiento conyugal pues la consecuencia es la indisponibilidad del bien en beneficio de todos, de la desafectación que sí requiere de la aprobación del cónyuge (aut.y ob.cit. pág.351 N°294 cita 656; arts.37 y 49 inc.a ley 14.394 que exige la conformidad del cónyuge para gravar o desafectar y cancelar en el Registro Inmobiliario el bien de familia).
5. En conclusión, la adquisición del inmueble realizada por el fallido mediante un préstamo otorgado por el Banco Hipotecario Nacional, inscripto con cláusula de inembargabilidad, conforme el régimen de la ley 22.232 (art. 35), que fuera totalmente cancelado, por ser el único bien con destino a vivienda (fs. 25 vta., fs. 107 vta.; incidente de realización de bienes, fs. 2 y vta., fs. 53/54), se encuentra totalmente excluido del desapoderamiento, al encuadrar el mismo en lo normado en el art. 108, inciso 7° de la ley 24.522, siendo inoponible a la cónyuge no fallida la petición de levantamiento de la cláusula de inembargabilidad de la que había tomado razón el Registro de la Propiedad Inmueble. Dicha inscripción debe ser dejada sin efecto, pues no puede subsistir en tanto resulta incompatible con la protección brindada por el art. 35 de la ley 22.232, que sustrae al inmueble del desapoderamiento, efecto típico de la sentencia de quiebra. La omisión del asentimiento conyugal, a mayor abundamiento, no podría ser judicialmente suplido porque no se verifican las circunstancias que determinarían la prescindibilidad del inmueble desde el punto de vista de los intereses que corresponde proteger (arts. 375 y 384, C.P.C.C.).
6. Aunque podría entenderse sobreabundante, entiendo conveniente enfatizar que el criterio resolutivo propuesto se sustenta en la interpretación constitucional, toda vez que –con palabras de Kemelmajer de Carlucci- “la aplicabilidad directa de la Constitución, con todo su sistema de principios y de valores, lleva a que la interpretación y el proceso aplicativo del derecho, lejos de poder entenderse como una operación mecánica pase a ser algo necesario y rigurosamente axiológico” (S.C.Mendoza, 13/5/02 “Abrego, Juan Carlos en J:Atuel Fideicomisos S.A.”). En anterior pronunciamiento este Tribunal (Sala II) decidió, para fundamentar la renunciabilidad del beneficio legal del deudor que hipotecó el inmueble y que luego procuró ampararse en la garantía de su inejecutabilidad, que “en el cotejo y confronte entre los derechos en conflicto -el interés particular del deudor e idéntico derecho de propiedad del acreedor-, la renunciabilidad de derechos disponibles y la tutela y estabilidad de la buena fe negocial, conllevan a admitir, en el juicio de ponderación, la mayor atendibilidad y protección de éste último. Tratándose de derechos patrimoniales paritarios -insisto deudor y acreedor-, sin estar involucrado el interés público y social originario, el conflicto debe dirimirse a favor de quien obró con buena fe, conforme a las prácticas negociales” (arts.16, 17, 18 Const. Nac.; art.15 Const. Pcia. Bs. As.; arts.1197, 1198 y concs. Cód. Civil; esta Cámara, Sala II causa N°48754, 30/8/05 “BBVA Bco. Francés S.A. c/Aguirre, Jorge s/Ejecución Hipotecaria”). Con antelación, y en otro precedente en el que también estaba en juego la tutela constitucional de la vivienda familiar, se acudió a los principios de lo que hoy se denomina derecho privado constitucional o constitucionalización del derecho privado, para –en ese caso- considerar que la “promoción del acceso a la vivienda única” y la constitución del asiento del hogar como bien de familia contemplada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. (art.36 inc. 7 Const. Bs.As.) no es incompatible con la constitucionalidad del régimen de la ley 14.394 (esta Cámara Sala II, causa N°42882, 28/8/01 “Leveroni”).
En definitiva: el juicio de ponderación en el caso conlleva a otorgar primacía a la protección, de la vivienda familiar en su colisión constitucional con los derechos patrimoniales de los acreedores del fallido.
Por todo lo expuesto, mi respuesta a la primera cuestión es por la negativa.
Así lo voto.
A la misma cuestión el señor Juez, Doctor LOUGE EMILIOZZI, votó en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor GALDOS, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde revocar la resolución apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios, excluyéndose del desapoderamiento el inmueble matrícula nº 39.301 (078) de Olavarría (fs. 15/22 del incidente) y dejándose sin efecto la subasta judicial ordenada en autos (fs. 173/174 vta. del incidente). Firme la presente, deberá oficiarse al Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de mantener la cláusula de inembargabilidad de la que se tomó razón al constituirse la hipoteca. Costas por su orden atento las particularidades que el caso presenta. (arts. 68 y 274, C.P.C.C.). Queda diferida la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Decreto-Ley 8.904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión el señor Juez, Doctor LOUGE EMILIOZZI, votó en idéntico sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A
Azul, 4 de Mayo de 2010
AUTOS Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., REVÓCASE la resolución apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios, excluyéndose del desapoderamiento el inmueble matrícula nº 39.301 (078) de Olavarría y DÉJASE SIN EFECTO la subasta judicial ordenada en autos. Firme la presente, deberá oficiarse al Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de mantener la cláusula de inembargabilidad de la que se tomó razón al constituirse la hipoteca. IMPÓNENSE costas por su orden atento las particularidades que el caso presenta. DIFIÉRESE la regulación de honorarios para su oportunidad. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Fdo.:– Dr.Esteban Louge Emiliozzi - Presidente – Cámara Civil y Comercial – Sala I – Dr.Jorge Mario Galdós - Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala II. Ante mí: Dra. Lucrecia Inés Comparato – Secretaria – Cámara Civil y Comercial – Sala I.----------------------------------------------------------